Por: Álvaro Iván Grajales, abogado especializado en economía.
Para nadie es un secreto que en las regiones muchas veces los recursos se desaparecen por arte de magia. Ya sea en obras inconclusas o en elefantes blancos, difícilmente se logra impactar de manera positiva a las comunidades más necesitadas.
Un ejemplo de esto lo encontramos en el Valle del Cauca, donde seis municipios -El Cerrito, Florida, Ginebra, Jamundí, Tuluá y Roldanillo- fueron catalogados con desempeño no adecuado en el uso de las regalías.
Sin embargo, en periodo preelectoral empiezan a surgir las voces de protesta en contra de estas situaciones que corren la línea ética y cual agujero negro, succionan los recursos públicos. Estos liderazgos, algunos nuevos en la mayoría de los casos, intentan llegar a cargos de Gobernación, Asamblea, Alcaldía y Concejo.
Estos liderazgos que buscan renovar la política regional se encuentran con una realidad que, a mi modo de ver, trunca la posibilidad de la renovación política y el diseño de políticas públicas a largo plazo. Y esa realidad se denomina empresas electorales o estructuras. Estamos hablando de gente que mueve gente, que comercia con votos y se aprovecha de las necesidades de las personas. Es aquí donde quiero introducir el concepto de preferencia temporal.
Huerta De Soto explica la Ley de Preferencia Temporal de la siguiente manera: Entre dos objetivos de idéntica valoración subjetiva para el actor y en todos los aspectos idénticos, excepto en uno -su diferente disponibilidad en el tiempo (uno disponible ahora y otro después)- siempre se preferirá el objetivo más prontamente disponible.
Pero ¿Qué tiene que ver ese concepto de economía con las elecciones regionales? Pues que, en mi concepto, nos ayuda a entender porque las organizaciones políticas posiblemente comprometidas en hechos de corrupción logran perdurar en el tiempo utilizando las necesidades de las personas.
Colombia tiene un 36,6% de la población en condición de pobreza monetaria y un 13,8% en pobreza monetaria extrema. Eso significa que un 50.4% de colombianos tienen dificultes para acceder a la canasta básica de alimentos y servicios. Muchas de estas personas tienen necesidades que satisfacer en el corto plazo, v.gr. el desayuno del día que sigue, las tejas de la casa o los ladrillos para una pared.
Sus necesidades son tan urgentes, que no les permite ver la importancia de ver a largo plazo, en una propuesta de política pública que tienda al mejoramiento de la calidad de vida, así como la generación de empleo y el aumento de la capacidad adquisitiva.
Es por eso por lo que las empresas electorales logran sostenerse en el tiempo. Cautivan el voto de los colombianos más necesitados con bienes superficiales, que satisfacen una necesidad presente, pero en detrimento de un mejor futuro. En época preelectoral se ve las cajas de lechona, camisetas, tejas, ladrillos, mercados, entre otras.
Muchos candidatos con campañas políticas austeras se dieron cuenta lo difícil que es hacer política sin dinero. La gente se acostumbró a recibir para apoyar, en vez de escuchar y apoyar por una propuesta de ciudad, departamento o país.
La ley de preferencia temporal nos muestra un reto para la democracia colombiana: Conseguir un votante consciente y que persiga fines de largo plazo, algo que será difícil mientras sus necesidades básicas se encuentren insatisfechas. Es esta la razón por la que el pan para hoy (el mercado, la lechona, el bulto de cemento), se convierte en el hambre de mañana (corrupción, obras y comunidades abandonadas, necesidades insatisfechas).
Y es precisamente esto último lo que nos debe llevar a recordar la conclusión a la que llega el profesor B. Caplan en su libro The Myth of the rational voter: “En democracia el ciudadano obtiene lo que quiere y tiene lo que merece”.
