Por: Álvaro Grajales
Colombia enfrenta múltiples situaciones que comprometen su estabilidad institucional y económica. La crisis del sistema de salud, el deterioro del orden público y los riesgos en el sector de gas y petróleo son solo algunas de las patologías que nos aquejan. Sin embargo, entre todos estos riesgos, hay uno que suele pasar inadvertido, pero que afecta de forma directa y silenciosa la vida de todos los colombianos: la inflación.
La inflación no es un fenómeno menor ni abstracto. Sus consecuencias son devastadoras, especialmente para los sectores más vulnerables, que ven erosionado su poder adquisitivo. Comprar lo mismo requiere cada vez más unidades monetarias, lo que se traduce en un empobrecimiento casi generalizado. Lo más grave es que suele abrir la puerta a intervenciones aún más nocivas, como los controles de precios, que inevitablemente derivan en escasez, excedentes y mercados negros.
Pese a todo, es de resaltar que la inflación se encuentra bajo relativo control gracias a la política monetaria independiente del Banco de la República, que, dicho sea de paso, ha resistido las presiones del poder político. Esa independencia es un activo que debemos proteger con firmeza en busca de la estabilidad económica. Como advertía Milton Friedman, “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”. Dicho de otra forma, surge cuando se enciende la máquina de imprimir billetes pensando que no hay límites, cuando el dinero, como bien, también lo afecta la oferta y la demanda.
Pero aquí no estamos ante un problema meramente técnico del emisor. La estabilidad monetaria también depende del manejo fiscal, que es donde más estamos fallando actualmente, pues el gobierno cada vez gasta más y debe recurrir al endeudamiento, pues los ingresos corrientes de la Nación no alcanzan a cubrir todas las partidas. Esta situación puede generar la tentación, en algunos políticos, de monetizar el déficit, lo que constituye un atajo peligroso que termina saliendo caro: devalúa la moneda, castiga el ahorro y destruye la confianza.
Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, el país no había presenciado un manejo tan irresponsable de la economía como el actual. Las declaraciones agresivas del presidente Petro contra el Banco de la República no solo deslegitiman a esta institución, sino que también ponen en duda el tecnicismo del gobierno, el cual, vale la pena resaltar, parece inexistente. El presidente, además, demuestra una preocupante confusión frente a los conceptos económicos más básicos.
Por ello, corresponde al Congreso de la República ejercer un control político riguroso sobre el Ministerio de Hacienda, exigir responsabilidad fiscal y, al mismo tiempo, blindar la independencia del Banco de la República. La defensa del valor del peso no es solo una tarea técnica: es un imperativo moral, económico y político.
