Por más que lo niegue el gobierno Petro, la evidencia es abrumadora: nuestra Fuerza Pública ha sido sistemáticamente desmoralizada, desfinanciada y deslegitimada. Ahora los criminales son víctimas, los soldados verdugos, y la autoridad legítima se convierte en opresión. Se está desmontando, sin pudor, uno de los pilares fundamentales del Estado: la capacidad de proteger a sus ciudadanos.
El país asiste, en tiempo real, al debilitamiento calculado de nuestras instituciones militares y policiales. Mientras el ELN impone su ley en vastas regiones del territorio, el Gobierno firma “pactos de paz” que parecen hechos para fortalecer al delincuente y no al ciudadano. Se multiplican los casos en los que soldados y policías son agredidos, humillados o asesinados, mientras la respuesta institucional es el silencio, o peor aún, la sanción a quien se defiende.
La Fuerza Pública está siendo condenada a la inacción. El mensaje es claro: si cumple con su deber, será cuestionada; si se defiende, será procesada; si actúa, será desautorizada. En medio de este clima de incertidumbre y abandono, nuestros hombres y mujeres en uniforme siguen saliendo a enfrentar el crimen, con la moral baja y sin el respaldo del Estado.
Desproteger a quienes nos protegen no es solo una decisión política: es una traición. Es debilitar la soberanía, entregarle el país a quienes usan las armas para imponer el miedo. Y es, sobre todo, dejar al ciudadano común expuesto, indefenso, rehén de un experimento ideológico que ya ha demostrado su fracaso en otras latitudes.
Quien desmoraliza a la Fuerza Pública no está reformando el país: lo está entregando. No es ingenuidad, es complicidad. No es paz, es rendición. Mientras los delincuentes celebran, los colombianos honestos quedan a merced del caos. Si permitimos que quienes nos protegen sean tratados como enemigos, pronto no quedará nadie que nos defienda. Este sí fue el gobierno del cambio, pero del peor cambio para Colombia.
Por: Isabela Armel
