La situación fiscal en Colombia es delicada. El Gobierno gasta más de lo que recibe y, además, no ha sido transparente sobre la verdadera magnitud del problema. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) publicado en junio de 2025, el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) fijó como meta un déficit fiscal primario de 2,4% del PIB para este año. Sin embargo, la más reciente actualización del escenario fiscal realizada por el CARF estima que el déficit primario será cercano al 3,0% del PIB. Esto significa que el país se aleja en 0,6 puntos porcentuales de la meta oficial y alcanza el nivel más alto desde el año 2000, excluyendo el periodo de pandemia.
Este panorama es preocupante porque, aunque la economía no enfrenta una crisis severa, la política fiscal del Gobierno no está siendo prudente. Los expertos del CARF insisten en que el Estado debería mantener una postura más neutral, evitando incrementos desmedidos del gasto. Para mejorar las finanzas públicas, es indispensable revisar tanto la pertinencia de los ingresos como la eficiencia del gasto.
El principal riesgo proviene del gasto que se está trasladando hacia el futuro, conocido como reserva presupuestal. Aunque el Gobierno mantenga la meta de caja (Plan Anual de Caja – PAC), el gasto primario proyectado para 2025 asciende a $357,7 billones, superando la meta oficial. Esto no solo agrava el déficit, sino que deja una pesada carga para el presupuesto de 2026. Incluso en el escenario más optimista, la reserva presupuestal que pasará al próximo año sería de $40,2 billones, un monto que limita la capacidad de maniobra del siguiente gobierno. La incertidumbre es aún mayor: si el recaudo tributario resulta inferior al esperado o la reserva presupuestal es más alta, el alivio fiscal en 2026 será mínimo y la presión sobre las finanzas públicas crecerá.
El CARF advierte que existen factores de incertidumbre que podrían modificar sus estimaciones en los próximos meses. Por ejemplo, el recaudo tributario podría ubicarse hasta $2,2 billones por debajo de lo proyectado. Además, una mayor reserva presupuestal reduciría el gasto primario en 2025, pero trasladaría una presión aún más fuerte hacia 2026.
Si bien el cambio en la estrategia de financiamiento durante 2025 ha generado beneficios de corto plazo (como la reducción del gasto por intereses y del saldo de la deuda), sus efectos a mediano plazo son inciertos. Es necesario evaluar cómo las operaciones de manejo de deuda afectan la tasa de interés implícita del endeudamiento público, así como los riesgos cambiarios y de refinanciamiento.
El CARF ha sido claro: la única forma de reducir de manera sostenible la carga de intereses no es mediante maniobras financieras temporales, sino a través de un ajuste estructural de las finanzas públicas, centrado en la corrección permanente del balance primario. La credibilidad fiscal será determinante para lograrlo.
Con la información más reciente, el CARF estima que la deuda pública cerrará 2025 en 57,5% del PIB, 4,2 puntos porcentuales por debajo de lo proyectado en septiembre. Aunque este dato parece positivo, no debe llevar a conclusiones complacientes. En términos estructurales, la situación fiscal se deteriora frente a lo presentado por el Gobierno en el MFMP, especialmente al analizar el balance primario, que refleja si el Estado vive o no dentro de sus posibilidades.
El Presupuesto General de la Nación para 2026, aprobado por $547 billones, incluye $16,3 billones en ingresos condicionados a la aprobación de una Ley de Financiamiento equivalente al 0,8% del PIB. Dicha ley fue rechazada en el Congreso, lo que obliga a recortar el gasto en esa misma cuantía. Esto confirma la urgencia de reducir el nivel de gasto y, sobre todo, sus rigideces. El crecimiento desmesurado del tamaño del Estado ha incrementado el riesgo país, encarecido el servicio de la deuda y elevado innecesariamente la presión sobre las finanzas públicas, comprometiendo la estabilidad fiscal de mediano plazo.
Ante este panorama, la candidata María Fernanda Cabal ha planteado una estrategia de austeridad expansiva. Su propuesta consiste en reducir el tamaño del Estado para liberar recursos que permitan a los ciudadanos ahorrar, invertir y desarrollar sus propios proyectos de vida. En otras palabras, el sector privado crecerá en la medida en que el Estado disminuya.
La propuesta incluye una reducción de ministerios, departamentos administrativos y entidades adscritas y vinculadas del sector central (GNC), con un ajuste que oscile entre 2 y 4 puntos del PIB. Con ello, se busca eliminar a los llamados “buscadores de renta” y “beneficiarios netos de renta”, abriendo el camino hacia una reforma tributaria que reduzca impuestos y respete la propiedad privada y la capacidad contributiva de los ciudadanos.
En un eventual gobierno de Cabal, el objetivo será enviar señales claras al mercado nacional e internacional de credibilidad fiscal, crecimiento económico y disciplina en el gasto. Solo así Colombia podrá recuperar la confianza, estabilizar sus finanzas y construir un camino sólido hacia el progreso.
Por Álvaro Grajales. Abogado con máster en economía internacional.
